Procuraduría General de la República
Contaminación Medio Ambiental – MI Comunidad
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La magistrada Miriam Germán Brito recibió a una comisión de dirigentes comunitarios de Haina que solicitan su intervención frente al alegado desacato de una sentencia por parte de una empresa recicladora de baterías a la que los munícipes acusan de contaminación ambiental.
Dorka Martínez, Altemar Portes, Fausto Senford y Efraín Castillo Javier entregaron una comunicación a la magistrada Germán Brito en la que explican sus reclamos frente a la empresa Verde Eco Reciclaje Industrial S.A. (VERI). Los comunitarios informaron que depositarán otros documentos relacionados con el caso.
Germán Brito se comprometió a poner la evaluación del caso bajo la responsabilidad de un equipo de fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren).
La procuradora general reafirmó la disposición de su gestión en escuchar a todos los actores sociales envueltos en conflictos y, sobre todo, en velar por el estricto cumplimiento de las normas legales que rigen la vida democrática de República Dominicana.
Durante la reunión, Germán Brito estuvo acompañada de Félix Tena de Sosa, director técnico del Despacho de la Procuradora General.
Los comunitarios explicaron a la procuradora que reclaman el cumplimiento de la sentencia No. 003-02-201f-SSEN, dictada por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), el 30 de mayo de 2019, la cual, según explicaron, dispone el cierre de la empresa Verde Eco Reciclaje Industrial, S.A. (VERI).
Recordaron que Haina tuvo problemas en el pasado por la contaminación por plomo en Paraíso de Dios y plantearon que la comunidad acoge en forma receptiva a todas las empresas, pero siempre que cumplan con los lineamientos ambientales en sus operaciones.
Puede Interesar
EL Caso: Residentes en Haina piden cierre de empresa recicladora de batería por contaminación por plomo
Fuentes: Procuraduría General de la República – Noticias CDN
]]>Procuraduría General de la RepúblicLa procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso lamentó que la gestión de Jean Alain Rodríguez, imputado en el Caso Medusa, levantara el complejo sobre un área de lagunasa
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-El Ministerio Público evalúa con técnicos de Medio Ambiente e ingenieros estructuralistas las condiciones del complejo penitenciario construido por la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez en una zona de lagunas del municipio de Guerra.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, deploró el hecho de que Rodríguez Sánchez se embarcara en construir sobre un terreno pantanoso que requería de grandes volúmenes de relleno, a pesar de que los informes del Ministerio de Medio Ambiente apuntaban a que el proyecto exhibía menos de un 37% de cumplimiento de los requerimientos técnicos requeridos para su licencia ambiental.
Reynoso también lamentó que la ambición desmedida llevara a la red de corrupción del exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores, arrestados en la Operación Medusa, a desarrollar un proyecto que tiene un alto riesgo de inundación y que sería utilizado para reubicar a los privados de libertad de la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
Reynoso encabeza el equipo de fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que desarticuló la red de corrupción y lavado de activos conformada por el exprocurador y sus colaboradores.
Este lunes, la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, continuará la audiencia de conocimiento de medidas de coerción contra los arrestados en la Operación Medusa.
Además de Rodríguez Sánchez, en el caso están implicados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado. En el caso de Canó Sacco, se encuentra prófugo, pues salió del país, antes de que se le arrestara.
En el caso Medusa, el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra los imputados y la declaración de tramitación compleja para el caso.
Según la acusación, el exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores integraron una red criminal que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de seis mil millones de pesos.
Los hechos responden a la calificación jurídica de violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevariacación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
Implican, además, infracción al artículo 3, párrafo, de la ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El expediente también incluye cargos de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores y relacionados están imputados, además, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
]]>
Dirección General de Prisiones
SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA).- La Dirección General de Prisiones posicionó a una nueva directora en la Penitenciaría Nacional de La Victoria en el marco de una iniciativa que promueve a los agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario (VTP) y los incorpora a la gestión de los centros de privación de libertad del modelo tradicional.
María Soriano, de 37 años de edad, asumió las riendas de La Victoria, en la ruta hacia la culminación del proceso de la Reforma Penitenciaria y el paso de los recintos tradicionales al Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP).
Con más de 15 años de servicio, Soriano se graduó en 2006 en la Octava Promoción de agentes VTP, de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP). Es la primera mujer egresada de esa academia en gestionar este recinto, el más poblado del país.
La Victoria, con unos ocho mil privados de libertad, forma parte de los recintos que, en el futuro, deberán ser incorporados al Modelo de Gestión Penitenciaria.
Las innovaciones en materia de administración de centros y atención a las personas privadas de libertad responden a disposiciones del Consejo Superior del Ministerio Público, a través de la Coordinación del Gabinete de Asuntos Penitenciarios, que encabeza el consejero Johathan Baró Gutiérrez.
El director general de Prisiones, coronel Roberto Hernández Basilio, explicó que con la designación de Soriano se dan pasos que contribuyen a la consolidación de la reforma penitenciaria.
Citó como efecto inmediato la implementación de buenas prácticas del MGP “para ir reduciendo las brechas relativas a la mejora de las condiciones de los privados de libertad en cuanto al sistema de tratamiento, alimentación, gestión médica, gestión de servicios de audiencias y todos esos procesos que han sido implementados con reconocimiento de las Naciones Unidas”.
Entre las funciones de la nueva directora de La Victoria, figuran liderar la gestión y supervisión del centro, proponer planes y programas a ejecutar, con su respectivo presupuesto, gestionar el suministro de bienes y servicios, mantener las estadísticas actualizadas y rendir informes de resultados.
]]>
Roberto Hernández Basilio agradeció el interés de Pablo Ulloa en una mejoría de las condiciones de los privados de libertad
SANTO DOMINGO (República Dominicana). – El director general de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, recorrió el recinto penitenciario de La Victoria en compañía del defensor del pueblo, Pablo Ulloa, con quien desarrolla una serie de encuentros con miras a afianzar el proceso de fortalecimiento del Sistema Penitenciario.
En la visita, Hernández Basilio destacó el interés mostrado por Ulloa en los privados de libertad y su disposición de contribuir a la reforma del Sistema Penitenciario.
“Desde la Dirección General de Prisiones y la Defensoría del Pueblo se trabaja en la coordinación de estrategias que favorecerán a los privados de libertad”, adelantó Hernández Basilio.
Los funcionarios recorrieron las áreas de los talleres que imparten docencia en las disciplinas de sastrería, fabricación de muebles, pintura, carpintería, así como la cocina y el dispensario médico.
Durante el recorrido por el centro de privación de libertad, el director general de Prisiones y el defensor del pueblo conversaron también con internos, en torno a sus inquietudes y necesidades.
En el recorrido participaron la magistrada Mercedes Sena, jueza de Ejecución de la Pena; el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes; el expelotero de Grandes Ligas Miguel Batista y el periodista Cristian Jiménez.
Les acompañaron autoridades de la Dirección General de Prisiones y del penal.
]]>
Trasladan a internas del Centro de Corrección y Rehabilitación de Sabana Toro
SANTO DOMINGO (República Dominicana). – Los organismos del Sistema Penitenciario pusieron en marcha un plan de prevención para proteger la vida y la salud de las personas privadas de libertad y el personal de atención, ante la aproximación al país del huracán Elsa y los efectos asociados previstos para este fin de semana.
El Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP) y la Dirección General de Prisiones (DGP), así como la Dirección Nacional de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Dinaia), con más de 27 mil personas privadas de libertad distribuidas por todo el país, listaron los riesgos de cada centro ante las posibles inundaciones y otros estragos atmosféricos y establecieron las medidas para prevenirlas y la alternativa para cada emergencia.
Además de la programación sectorial, las autoridades de cada sub-sistema se mantienen en contacto permanente, para el monitoreo del fenómeno y reporte de novedades, con el procurador de corte Jonathan Baró, miembro del Consejo Superior del Ministerio Público y coordinador del Gabinete de Asuntos Penitenciarios.
El MGP instruyó a todos los directores de los centros de corrección y rehabilitación a ejecutar una lista de acciones para antes, durante y después del paso del huracán, incluyendo la movilidad de las personas privadas de libertad en los casos que se entienda necesario, bajo los protocolos de seguridad necesarios.
La primera acción para proteger vidas consistió en el traslado de 34 internas del CCR abierto de Sabana Toro, en prevención ante posibles inundaciones en la ubicación geográfica del recinto, y así se le notificó al Juez de Ejecución de la Pena de la Jurisdicción de San Cristóbal.
La DGP realizó un mapeo de las áreas más vulnerables de los centros de privación de libertad, con la identificación de espacios emergentes dentro y fuera de los recintos para potenciales evacuaciones, acorde con la magnitud de las inundaciones y otros inconvenientes vinculados al fenómeno atmosférico.
Para el caso de La Victoria, por tratarse de la que alberga a mayor cantidad de internos y por su propensión a inundaciones en varias de sus áreas, el organismo designó un equipo de trabajo que pernoctará en el centro, con contacto permanente con una comisión de coordinación externa, a fin de dar un monitoreo permanente hasta que los efectos del huracán ya no representen peligro.
Los equipos de salud y seguridad fueron redoblados y las provisiones llevadas al máximo.
Las autoridades de Prisiones también establecieron contacto con los Comedores Económicos, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, la Policía Nacional y otras instituciones estatales, a fin de reforzar los servicios y colaboración que cada entidad ofrece al Sistema Penitenciario durante el período bajo alerta por Elsa.
]]>
La red de corrupción que encabezó el exprocurador Jean Alain Rodríguez estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos
SANTO DOMINGO (República Dominicana). – El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez y los funcionarios y colaboradores de su gestión involucrados en la red de corrupción develada con la Operación Medusa.
La fiscal Mirna Ortiz explicó que los arrestados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, “estimamos, hasta el momento, que estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos”.
Al presentar la solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Ortiz informó que el Ministerio Público pide además que el tribunal declare el caso como “complejo” y resaltó que “la investigación apenas comienza”.
Estas investigaciones están a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirigen los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.
“Esta Procuraduría se caracteriza por presentar casos fuertes, como dice la magistrada Yeni Berenice: casos blindados; y esta medida de coerción tiene la misma característica de las anteriores”, resaltó la fiscal Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca.
“Este es un caso fuerte, con todas las evidencias que permitirán a los jueces otorgar la medida de coerción que estamos solicitando”, sostuvo.
Además del exprocurador Rodríguez, en el caso están implicados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
Mirna Ortiz, quien acudió a presentar la medida acompañada de un grupo de fiscales de la Pepca, recordó que el Ministerio Público persigue al imputado Canó Sacco, quien pudo salir del país antes de ser arrestado.
]]>
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público depositará este lunes ante un tribunal la medida de coerción en la que solicita prisión preventiva para el suspendido director de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, así como contra otros arrestados en la “Operación 13” por su vinculación a un sorteo fraudulento celebrado el pasado 1 de mayo.
El órgano de justicia informó que solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de medida de coerción en contra de Dicent por incurrir en acciones que constituyen una asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y otros delitos.
En el expediente figuran como coimputados William Lisandro Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta.
Bajo los lineamientos de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, la investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La institución persecutora de los delitos indicó que las indagatorias se originaron a partir de denuncias sobre la maniobra fraudulenta en la extracción de la tómbola del primer premio en el sorteo de la Lotería Nacional del 1 de mayo.
En el video de la transmisión se aprecia al invidente Miguel Mejía cuando simula pasar el bolo a la locutora y conductora Valentina Rosario Cruz, en cuyas manos se observa el 13, número con el que numerosas bancas de apuestas denuncian haber sido perjudicadas con pérdidas millonarias.
Las maniobras fraudulentas del sorteo llevaron a sus organizadores, hoy imputados, a obtener sumas millonarias en otros países en donde radica una importante comunidad dominicana.
El grupo fue arrestado en el transcurso de 15 allanamientos realizados el sábado, con autorización judicial, en el Distrito Nacional y las provincias Monseñor Nouel y Santo Domingo. Los operativos estuvieron encabezados por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que los detenidos se encuentran en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera del conocimiento de las medidas de coerción.
]]>
Procuraduría General de la República
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público trabaja para que en el Caso Odebrecht se produzca una sentencia condenatoria, tal como espera la ciudadanía, aseguró la fiscal Mirna Ortiz, encargada de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“A pesar de que ya tenemos más de una semana viendo las pruebas de las defensas, ninguna de las pruebas de las defensas ha podido contrarrestar el peso de la acusación”, aseguró Ortiz, al ser entrevistada en el programa El Día por Huchi Lora, Edith Febles y Carolina Santana.
“El caso (Odebrecht) tiene elementos que dan para fundamentar una condena; sobre todo, aspectos que son irrebatibles, irrefutables”, sostuvo Ortiz, quien forma parte del equipo de ocho fiscales que litigan en el caso.
“Esto no se detiene, la Pepca produce casos diarios; todos los fiscales que estamos en Odebrecht también estamos en otros casos, siempre estamos al frente; siempre firmes”, apuntó.
Recordó que el procurador adjunto Wilson Camacho informó, desde que asumió la dirección de la Pepca, que sobre el caso Odebrecht hay abierta una investigación denominada Odebrecht 2.0, sobre aspectos hasta ahora no abordados. “Odebrecht 2.0 no solo contiene Punta Catalina, sino que también contiene todos aquellos aspectos, tipos penales, imputaciones, hechos y personas que no se hayan procesado en el actual caso Odebrecht”, adelantó.
“La ciudadanía puede estar tranquila, puede tener por seguro que esa es una investigación que está en curso y que dará sus frutos”, dijo Ortiz.
Sostuvo que se esmera en hacer todas las diligencias de investigación. “La pandemia ha impedido que algunas diligencias se concreten, quizás en el tiempo en que nosotros queríamos haberlas concretado, porque Brasil, como ustedes saben, ha sido uno de los países más afectados con el tema de la pandemia y han suspendido en ciertas formas las visitas de delegaciones para evitar la propagación de la pandemia”, explicó.
“Vamos avanzando, hemos sostenido reuniones con ejecutivos, no solo de Odebrecht, actualmente; sino que también se han hecho los contactos para facilitar la entrevista con los delatores y con todas aquellas personas que formaron parte o tienen información sobre cómo se manejaba Odebrecht, su Departamento de Operaciones Estructuradas y toda esta mafia que operaba alrededor de los sobornos”, indicó.
Ortiz sostuvo que el Ministerio Público dará una respuesta al pueblo dominicano, que espera resultados. “Pero esa respuesta tiene que ser contundente, y por eso nos tomamos el tiempo necesario en las investigaciones, para que salgan con tal contundencia, que irrevocablemente tengan una condena”, expresó.
]]>
La procuradora general Miriam Germán Brito agradece la preocupación de la ciudadanía por la seguridad del cuerpo de fiscales que le acompañan
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-Los fiscales que aportan su tiempo y su pericia a la lucha contra la corrupción administrativa son conscientes del desafío que enfrentan y se mantienen trabajando sin que ningún incidente o acción haya detenido sus indagatorias en los distintos casos bajo investigación.
Así lo planteó este domingo la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, a través de un comunicado.
“En los últimos días el Ministerio Público detectó acciones que comprometían la seguridad de diligencias que se realizan en el contexto de la Operación Coral”, dijo Germán Brito. “Sin embargo, estas se encuentran bajo investigación y, por lo tanto, toda información a la ciudadanía deberá tramitarse de forma oportuna y prudente para evitar entorpecer las indagatorias”, añadió.
“Debemos agradecer el interés de la ciudadanía, de los periodistas y de los medios informativos, en resguardar una labor que, como la lucha anticorrupción, nos concierne a todos”, sostuvo.
En ese contexto, explicó que la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) continúan sus labores, bajo la dirección de los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho y con todo un equipo comprometido con la construcción de un país sin impunidad.
]]>
Interrogatorio a imputado caso Coral
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Periodistas de Acento obtuvieron la transcripción oficial del interrogatorio al que fue sometido el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, uno de los imputados en el caso de corrupción Coral que tiene como principal acusado al general Adán Cáceres Silvestre.
Lo que ha revelado Girón con lujo de detalles es contundente y pone al descubierto lo que la justicia deberá castigar y tipificar como integrantes de una verdadera gran mafia de altos oficiales militares y policías que roban dinero a los contribuyentes y a sus propios compañeros de armas.
VIDEO:
]]>
Procuraduría General de la República Dominicana
Muchos se estarían preguntando a qué obedecen los nombres que la Procuraduría les ha puesto a los últimos tres operativos anticorrupción que ha desarrollado desde finales de noviembre pasado.
AntiPulpo, Caracol y Coral son los nombres que ha dado a conocer la PGR.
¿En qué se relacionan estos tres términos?
Todas las operaciones ejecutadas llevan a un solo objetivo: intentar poner fin a la corrupción administrativa, por eso los términos que utiliza se entrelazan uno con otro. El pulpo se come al caracol y los corales protegen al pulpo, desenvolviéndose los tres elementos relativamente en un mismo ambiente.
Los operativos, que son dirigidos por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) se han denominado “Operación Antipulpo”, ejecutada a finales de noviembre de 2020, y donde fueron apresados, 10 exfuncionarios del pasado Gobierno, incluyendo a los hermanos del expresidente Danilo Medina, Alexis y Magalys Medina Sánchez, acusando al primero de ser el cabecilla de un entramado que manejó más de cuatro mil millones de pesos.
La operación fue denominada así, al considerar a Alexis Medina como un pulpo con decenas de ramificaciones en su entorno, en referencia a la cantidad de empresas que se crearon para manejar el entramado de corrupción.
Mientras que la mañana del pasado lunes 22 de febrero, la ciudadanía se hizo eco de otros allanamientos a residencias y la sede de la Cámara de Cuentas, a la que se le denominó “Operación Caracol”.
El caso involucra a los miembros de la CC, cuyo pasado presidente, Hugo Francisco Álvarez Pérez, ha tenido que presentarse en varias ocasiones ante la Procuraduría para ser entrevistado en torno al manejo que le dieron a las auditorías durante su gestión.
Se les atribuyen los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción”, dice el ministerio público en su acusación.
Si se relacionan ambos nombres de los operativos, se determina que el pulpo se come al caracol, dejando entrever la incidencia que tenían los principales acusados en el primer caso, sobre los segundos.
El último operativo que busca enfrentar la corrupción administrativa en el país, al que se le llamó “Operación Coral”, se desarrolló ayer sábado e involucró unos 27 allanamientos en la Capital y otras provincias como San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná, donde fue detenido el principal acusado, el mayor general Adán B. Cáceres Silvestre, exjefe del cuerpo de seguridad del expresidente Medina.
Junto a él también fueron apresados, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, el coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza, también miembro de la seguridad de Medina, así como el teniente coronel de la Policía, Raúl Girón y el pastor Tanner Antonio Flete.
A Cáceres Silvestre se le acusa de enriquecimiento ilícito, utilizando como supuesta testaferra a la pastora Guzmán Sánchez, quien aparece con una serie de propiedades a su nombre valorada en unos 40 millones de pesos, invertidos en la compra de varios terrenos en Santo Domingo Este.
]]>
Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren)
SANTO DOMINGO. – La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) desplegó durante este mes diversas acciones para detener y judicializar prácticas de deforestación, de comercialización de especies animales en veda y de contaminación sónica.
En el este del país, la Proedemaren realizó amplios operativos en diferentes pescaderías y restaurantes, con el objetivo de hacer cumplir las vedas de langosta, pez loro, cangrejos y otras especies bajo ese régimen de protección.
Las autoridades del Ministerio Público arrestaron en Hato Mayor a dos personas que fueron sorprendidas con 103.5 kilos de langosta y 110 libras de masa de cangrejo, en violación a la veda. Los arrestados serán presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Hato Mayor, para conocerles medidas de coerción.
En La Romana, la dependencia de la Procuraduría General de la República también arrestó a varias personas por la compra y venta de langostas.
Estas jornadas de inspección contaron con la participación de agentes y representantes del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca) y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Árboles
En Santo Domingo Oeste, esta procuraduría especializada ocupó decenas de troncos de caoba, que habían sido cortados sin el debido permiso ambiental.
Un operativo similar fue llevado a cabo en el municipio de Las Yayas, provincia de Azua, donde las autoridades encontraron decenas de troncos de caoba en el solar de un nombre identificado como Johan Féliz.
La inspección fue dirigida por procurador general de corte Eusebio Corcino, coordinador de la Proedemaren en Azua, quien informó que los árboles fueron aserrados sin contar con permiso ambiental.
Además, la Proedemaren, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y la Dirección Provincial de Medio Ambiente llevaron a cabo un operativo para contribuir a la reforestación de los márgenes de Arroyo Yaguasa, en el área próxima a Colinas del Arroyo I, en Villa Mella. Las instituciones buscan con esta acción devolver el verdor a esta área, que fue recuperada de la ocupación de depredadores que se dedican a la venta fraudulenta de solares.
Anti-ruido
En cambio, en el ámbito de las medidas anti-ruido, la Proedemaren realizó un operativo en la ciudad de Bonao, durante el cual ocupó equipos de sonido y clausuró varios negocios por incumplir con las medidas de distanciamiento social y por uso inadecuado de las vías públicas.
Los propietarios de los negocios fueron citados para que comparezcan ante las oficinas de la Proedemaren en Monseñor Noel.
La jornada estuvo encabezada por el procurador general de corte José Luis Farías, coordinador en Bonao de la Procuraduría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
]]>
Colaboración institucional
Procuraduría General de la República @ProcuraduriaRD
Primera dama @RaquelArbaje Gabinete de Niñez y Adolescencia
PGR Miriam Germán y primera dama @RaquelArbaje se reunieron este lunes para intercambiar ideas sobre la colaboración que puede prestar el Gabinete de Niñez y Adolescencia a las políticas de protección que ejecuta el Ministerio Público
PGR Miriam Germán y primera dama @RaquelArbaje se reunieron este lunes para intercambiar ideas sobre la colaboración que puede prestar el Gabinete de Niñez y Adolescencia a las políticas de protección que ejecuta el Ministerio Público. Mira los detalles: https://t.co/aXbXBykQCG pic.twitter.com/nNpv2BOMpx
— Procuraduría General de la República (@ProcuraduriaRD) April 19, 2021
La magistrada Miriam Germán Brito sostuvo un encuentro de trabajo con la primera dama, Raquel Arbaje; la presidenta ejecutiva del Conani, Paula Disla, y la representante del SNS, Luz Fermín
SANTO DOMINGO (República Dominicana). –La procuradora general Miriam Germán y la primera dama Raquel Arbaje se reunieron este lunes para intercambiar ideas sobre la colaboración que puede prestar el Gabinete de Niñez y Adolescencia a las políticas de protección que ejecuta el Ministerio Público a través de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).
Germán Brito recibió en su despacho la visita de Raquel Arbaje, durante un encuentro en el que participaron Paula Disla, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), y Luz Fermín, representante del Servicio Nacional de Salud (SNS).
La magistrada se hizo acompañar de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Olga Diná Llaverías, responsable de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), y Ana Andrea Villa Camacho, de la Dirección contra la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, así como de otros miembros de su equipo de trabajo.
Durante el encuentro, Arbaje mostró interés en cooperar con las distintas instancias oficiales para mejorar las condiciones materiales de internamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal, con los procesos de judicialización de los casos de violación e incesto de menores de edad y con la asistencia a las víctimas.
También se comprometió a apoyar los programas de orientación a las instituciones públicas que desarrolla la Dinnaf y la realización de campañas de concienciación ciudadana sobre diferentes modalidades de abuso contra menores de edad.
“Agradecemos el interés de la primera dama en estimular el fortalecimiento de las acciones del Estado para garantizar la protección de nuestros niños y niñas, tal como nos mandan la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que comprometen a nuestra Nación con el respeto de los derechos de este segmento poblacional”, dijo Germán Brito.
“Durante estos meses, el Ministerio Público ha colocado entre sus prioridades el reforzamiento y eficientización de los programas orientados a la protección de los menores de edad y de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, y para ello, sin dudas, resulta muy valiosa la colaboración entre todas las instituciones que tienen responsabilidades en estas áreas”, agregó.
Mientras, la presidenta ejecutiva del Conani resaltó la importancia del encuentro que sirvió para socializar y coordinar acciones que son de preocupación del Gabinete de la Niñez, como las condiciones en que son ejecutadas las sanciones penales de adolescentes y el rol de la Procuraduría en la persecución de delitos de adultos contra niños, niñas y adolescentes.
“Estamos en toda la disposición de coordinar y apoyar al Ministerio Público en el fortalecimiento de las medidas que pueden robustecer un sistema de respuesta más rápida a los males relacionados con nuestra población en la niñez y la adolescencia, asumiendo el rol que nos corresponde según las leyes que rigen al Conani”, dijo Disla, quien además de encabezar el Conani funge como coordinadora del Gabinete de la Niñez.
Procuraduría General de la República @ProcuraduriaRD
]]>Caso bulldog francés Truffa
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional homologó la tarde de este miércoles el acuerdo entre la Fiscalía del Distrito Nacional y Oscar Arturo Nanita, acusado de maltrato físico contra la perrita Truffa, mediante el cual el imputado pagará una multa y realizará trabajo comunitario en una organización de protección animal.
La decisión del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró permitirá la ejecución del acuerdo, que establece que Nanita pagará RD$300 mil de multa y realizará trabajo comunitario en la fundación Mi Mascota, además de asistir a 15 charlas, así como someterse a la supervisión del juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional.
El Ministerio Público, representado por la fiscal Topacio Suero, solicitó la suspensión condicional del procedimiento contra Oscar Arturo Nanita, amparada en el artículo 2 de la Ley 76-02, o Código Procesal Penal, que consagra el principio de solución de los conflictos.
El hombre agredió a patadas a la perrita de raza bulldog francés y el hecho fue captado en un vídeo que se hizo viral en redes sociales; ante el hecho, la Fiscalía del Distrito Nacional llevó una investigación sobre el caso, tras recibir un informe del Departamento de Protección Animal de la Procuraduría General de la República.
La magistrada Suero informó que Truffa se encuentra en un hogar de paso y que no será devuelta a su agresor. “Estamos esperando terminar este proceso para que Truffa sea adoptada por una nueva familia”, especificó.
En tanto, de la querella presentada por grupos que defienden los derechos de los animales, depositada el pasado 22 de enero, el juez Rodríguez Consoró acogió la solicitud de inadmisibilidad presentada por el Ministerio Público y que se sustenta en los artículos 13 y 15 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público.
La decisión, validada por el juez, también se corresponde con lo que establecen los artículos 61 y 66 de la Ley de Protección Animal y Tenencia Responsable (148-12) y los artículos 02, 30, 40, 85, 87, 118, 267, 268 y 269 del Código Procesal Penal.
]]>
Levantamiento de las principales demandas de la población de Santo Domingo en justicia y seguridad
SANTO DOMINGO. – La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, inició un programa de encuentros comunitarios con dirigentes de las juntas de vecinos de distintos sectores de esta jurisdicción, que buscan afianzar los lazos de comunicación con la ciudadanía de la capital dominicana.
La primera reunión tuvo lugar en la Fiscalía Comunitaria de los barrios Capotillo, Simón Bolívar y Ensanche Luperón, con objetivo principal de conocer las demandas de la comunidad y ofrecer orientaciones a los moradores y líderes comunitarios sobre cómo gestionar la solución a los problemas que más les afectan, en especial los crímenes y delitos.
“Hemos venido hasta aquí para acercar el Ministerio Público a ustedes y que entre todos trabajemos para mejorar y fortalecer la seguridad de nuestras comunidades y el sistema judicial”, expuso la fiscal titular del Distrito Nacional, acompañada de fiscales y colabores de esa zona de Santo Domingo. Con la iniciativa, se optimizan los mecanismos de acceso a la justicia para la población.
Entre las problemáticas más citadas por los habitantes de El Capotillo, Simón Bolívar y Ensanche Luperón se destacan la contaminación sónica, la apropiación de las aceras por parte de algunos negocios, las violaciones a las medidas para detener la cadena de contagio del COVID-19, así como la violencia e inseguridad en algunas calles de estos sectores.
Al respecto, Ramos solicitó al fiscal encargado de esta demarcación, Franklin Céspedes trabajar en coordinación con representantes comunitarios para el levantamiento estadístico de los problemas que aquejan a estos sectores. “Con estos datos, diseñaremos un plan de trabajo que contribuya a resolver estas problemáticas”, apuntó.
En tanto, el magistrado Céspedes reiteró que las puertas de esta Fiscalía Comunitaria están abiertas para los moradores de estos barrios de la parte alta del Distrito Nacional. También anunció la realización de reuniones mensuales con el objetivo de evaluar los pasos que se dan para canalizar la solución de los problemas registrados.
La reunión contó, además, con la participación de la fiscal Irisdania Félix, directora de Violencia de Género en esa fiscalía, y de la magistrada Petronila Rosario Adames, directora del Sistema Nacional de Resolución de Conflictos (Sinarec), dependencia de la Procuraduría General de la República.
]]>
Cuenta con más de 1,700 elementos probatorios
El Ministerio Público iniciará mañana, jueves 10 de diciembre, la presentación de las pruebas contra los seis implicados en los sobornos por US$92 millones que la empresa constructora Odebrecht admitió haber pagado para lograr la adjudicación de obras públicas en República Dominicana.
El Ministerio Público reiteró que está preparado para demostrar los hechos imputados y que cuenta con más de 1,700 elementos probatorios, entre ellos, más de 20 testigos, incluyendo varios ciudadanos brasileños, con los cuales demostrará las imputaciones sobre los sobornos hecha en contra de los seis encartados.
Con las pruebas dijo que demostrará las imputaciones contra del empresario Ángel Rondón Rijo, exrepresentante del Odebrecht en el país, así como contra el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exsecretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga, el expresidente del Senado, Andrés Bautista García; el exsenador de San Cristóbal, Tommy Galán Grullón, y el también exdirector de Inapa, Roberto Rodríguez.
El grupo es acusado de incurrir en los delitos de soborno, prevaricación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, además en delitos de funcionarios que se mezclan en asuntos incompatibles con su calidad y de complicidad de sobornos en el comercio y la inversión.
Presentación de testigos brasileños
La presentación de las pruebas testimoniales estaba prevista para ayer martes con la comparecencia de seis testigos ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, siendo el número uno el abogado brasileño Mauricio Dantas Bezerra, quien había asistido a la audiencia anterior y, en cambio, no acudió ayer debido a que tuvo que viajar a su nación.
Ayer, también estaba programada la presentación de los testimonios de Marcelo Hofke, María Álvarez de Maio, Carmen Álvarez de Maio, María Eugenia Batista y Dignari Rodoli, mientras que el tribunal ordenó el retiro de la sala de otros ocho para que retornen cuando les corresponda comparecer.
Al no encontrarse en el país para comparecer en el juicio, el Ministerio Público solicitó que Dantas Bezerra fuera escuchado mediante videoconferencia, lo cual fue rechazado por el tribunal, en virtud de que el testigo tiene domicilio procesal en el sector La Esperilla del Distrito Nacional.
Tras la decisión de rechazar la participación virtual, el Ministerio Público presentó un recurso de oposición para que fuera revocada dicha medida, lo que fue acogido de manera parcial por el tribunal, que aceptó variar el orden de la presentación de las pruebas para iniciar con el testigo número dos y ordenar la conducencia del testigo número uno. Se resaltó que la incomparecencia de Dantas Bezerra fue injustificada, debido a su citación regular y válida.
La solicitud para la comparecencia virtual del testigo estuvo amparada en la Resolución 2463-2014 sobre el desarrollo de la videoconferencia como herramienta de cooperación jurídica internacional dictada por la Suprema Corte de Justicia, que prevé el uso de la tecnología en estos casos, específicamente en los artículos 1, 2, 5 y 6.
Durante la continuación del juicio, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, calificó de imprescindible la participación de Dantas Bezerra como testigo ofertado por el Ministerio Público, tras destacar que representó a Odebrecht en la firma del acuerdo de 2017, en el que la empresa brasileña se comprometió a pagar US$184 millones por los daños y perjuicios causados al Estado con el pago de US$92 millones en sobornos para lograr la adjudicación de obras.
Junto al procurador adjunto Wilson Camacho, integran el equipo litigante del Ministerio Público los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Ángel Darío Tejeda Fabal, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, así como los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.
Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo ordenaron la suspensión del juicio por lo avanzado de la hora y debido a que en dicha sala se celebraría la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción contra los imputados del caso Antipulpo, por lo que ordenaron su continuación el próximo jueves 10 de diciembre, a partir de las 9:00 de la mañana.
Fuente: Diario Libre
]]>