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Santo Domingo, República Dominicana. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este miércoles que entre el 17 de agosto de 2020 al 11 de mayo ha inhabilitado a 33 proveedores del Estado por causas que van desde falsificación documental hasta incumplimiento contractual.
El órgano rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) precisó que, de estas inhabilitaciones, han sido emitidas 35 resoluciones, 13 ordenando la inhabilitación con carácter permanente y 22 temporales. Entre estos casos, fueron identificados dos proveedores que cometieron faltan paralelas en distintas instituciones, y por tanto fueron sancionados por cada una de ellas.
El director de la DGCP, Carlos Pimentel, exhortó a las entidades contratantes de las distintas instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones, a informar y documentar los hechos que motiven la solicitud de inhabilitación ante el órgano rector para proceder a su investigación y sanción, tal y como establece el párrafo I del artículo 26 de la referida Ley.
Pimentel reveló que, como una manera de evitar prácticas colusorias y garantizar la igualdad de oportunidades en el mercado público, el sistema de monitoreo diseñado por la DGCP identificó recientemente a 14 oferentes vinculados a un mismo grupo de accionistas durante un proceso de contrataciones en el que participaron 80 proveedores.
Según el párrafo III del artículo 66 de la Ley 340-06, la DGCP podrá inhabilitar a los proveedores inscritos en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) por un periodo de uno a cinco años, o permanentemente, dependiendo de la gravedad de la falta.
El artículo 28 del Reglamento 543-12 establece lo que se considerará falta leve, grave o gravísima. Es una falta leve y el proveedor podrá ser inhabilitado por un periodo de un año, cuando incumpla con sus obligaciones contractuales para la ejecución de un proyecto, una obra o servicio, renuncie sin causa justificada a la adjudicación de un contrato y cuando presente recursos de revisión o impugnación basados en hechos falsos para perjudicar a un determinado adjudicatario.
En tanto, el artículo 29 establece que entre las causas de inhabilitación permanente en el RPE figuran presentar documentación falsa o alterada; cambiar sin autorización de la entidad contratante, la composición, calidad y especialización del personal que se comprometieron a asignar a la obra o servicios o en los bienes, e incurrir en actos de colusión, debidamente comprobado, en la presentación de su oferta.
También es una falta grave que conlleva sanción permanente el ofrecer dádivas, comisiones o regalías a funcionarios de las entidades públicas, directamente o interpuesta persona en relación con actos atinentes al procedimiento de licitación, o cuando utilicen personal de la institución para elaborar sus propuestas.
Asimismo, obtener la precalificación o calificación mediante el ofrecimiento de ventajas de cualquier tipo, presentando documentos falsos o adulterados o empleando procedimientos coercitivos; celebrar, en complicidad con funcionarios públicos, contratos mediante dispensa del procedimiento de licitación, fuera de las estipulaciones previstas en la ley; obtener información privilegiada de manera ilegal que le coloque en una situación de ventaja, respecto de otros competidores y participar directa o indirectamente en un proceso de contratación, pese a encontrarse dentro del régimen de prohibiciones.
Carlos Pimentel destacó que cuando las entidades contratantes reportan los incumplimientos y denuncian los actos ilegales cometidos por los proveedores, se contribuye a mejorar la transparencia, la competencia y la equidad en la contratación pública.
Departamento de Comunicaciones @ComprasRD
]]>SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Administración Pública (MAP) estableció y actualizó las disposiciones y tarifas de los viáticos que deberán percibir los servidores de los distintos órganos y entes de la Administración Pública para cubrir las necesidades diarias de alimentación y hospedaje, cuando realicen labores oficiales fuera de su lugar habitual de trabajo y de los límites de la zona metropolitana o del Gran Santo Domingo.
El MAP adoptó la medida mediante la resolución número 049-2021, firmada por el licenciado Darío Castillo Lugo, titular de la cartera, que deroga la resolución número 14-2016, de fecha 11 de mayo de 2016 y que fue enviada a todos los ministerios, direcciones generales y nacionales, órganos y entes de la Administración Pública para su fiel cumplimiento.
La nueva medida dispone una escala de las tarifas diarias para el pago de viáticos para viajes al interior del país, que incluye un 10% para el desayuno; almuerzo, 25%; cena, 20%; y alojamiento o habitación, un 45%.
De manera que los ministros recibirán RD$800.00 de desayuno, RD$1,950 por almuerzo, RD$1,600 por cena y RD$3,600.00 para alojamiento, para un total de RD$7,950.00; los viceministros deberán recibir RD$750.00 para desayuno, RD$1,800.00 para almuerzo, RD$1,400.00 para cena y RD$3,400.00 para alojamiento, para un total de RD$7,350.00; los directores generales, nacionales, ejecutivos o equivalentes recibirán RD$700.00 para desayuno, RD$1,650.00 para almuerzo, RD$1,300.00 para cena y RD$3,300.00 para alojamiento para un total de RD$6,950.00.
Mientras, a los subdirectores generales, nacionales, ejecutivos o su equivalente, le corresponde recibir RD$650.00 para desayuno, RD$1,500.00 para almuerzo, RD$1,200.00 para cena y RD$3,200.00 para alojamiento, para un total de RD$6,550.00; los directores de áreas recibirán RD$600.00 para desayuno, RD$1,350.00 para almuerzo, RD$1,100.00 para cena y RD$3,100.00 para alojamiento, para un total de RD$6,150.00.
Los encargados de departamentos y divisiones recibirán RD$550.00 para desayuno, RD$1,200.00 para almuerzo, RD$1,000.00 para cena y RD$3,000.00 para alojamiento, para un total de RD$5,750.00; los encargados de secciones y coordinadores deberán recibir RD$500.00 para desayuno, RD$1,050.00 para almuerzo, RD$900.00 para cena y RD$2,800.00 para alojamiento, para un total de RD$5,250.00.
Los profesionales tendrán una asignación de RD$450.00 para desayuno, RD$900.00 para almuerzo, RD$800.00 para cena y RD$2,600.00 para alojamiento, para un total de RD$4,750.00; los técnicos recibirán RD$400.00 para desayuno, RD$800.00 para almuerzo, RD$700.00 para cena y RD$2,200.00 para alojamiento, para un total de RD$4,100.00.
En tanto que la asignación para otros puestos será de RD$350.00 para desayuno, RD$750.00 para almuerzo, RD$600.00 para cena y RD$2,200.00 para alojamiento, para un total de RD$3,900.00. En los casos en que los choferes también deban pernoctar en los lugares que lo hará el personal que transportaron, el monto del alojamiento de los mismos deberá equivaler al nivel de los Técnicos.
La resolución establece que a los montos de los viáticos diarios de cada categoría de puestos, se les aumentará un cinco por ciento (5%), en los casos de viajes en asuntos laborales a provincias turísticas como: La Altagracia, La Romana, Puerto Plata y Samaná.
Asimismo, determina que cuando los funcionarios y servidores públicos deban salir de sus hogares, a los servicios asignados, entre las diez de la noche y las cinco de la madrugada, las dietas se les pagará acorde a las tarifas correspondientes a un día de salario, lo mismo si los servicios se producen en días no laborables o feriados.
La resolución precisa que las solicitudes de viáticos serán tramitadas por los menos con cinco (5) días laborables antes de las fechas de realización de los viajes para la ejecución de servicios, anexando los documentos que sirvan de medios de verificación de los trabajos a realizar, y remitidas a las respectivas Direcciones Administrativa-Financieras, para la revisión y depuración correspondientes.
Asimismo, que en caso de que el servidor público en cumplimiento de trabajos especiales, deba desplazarse por cuenta propia, no en vehículo de la institución, a la tarifa que corresponda, se le adicionará la suma del costo del pasaje de ida y vuelta, al lugar correspondiente; o en su defecto, se calculará el consumo de combustible de acuerdo al kilometraje a recorrer, al precio del galón del día del servicio.
También, que en caso de que, por razones de fuerza mayor o extrema urgencia, el servicio deba realizarse sin la debida planificación previa, los funcionarios autorizados, tramitarán a la correspondiente Dirección Administrativa-Financiera, la solicitud de reembolso de valores que correspondan.
Además, definió la Zona metropolitana o del Gran Santo Domingo, al perímetro delimitado al Este, hasta Boca Chica; por el Sur, hasta San Cristóbal; y por el Norte, hasta Villa Altagracia.
El Director General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, advirtió que los funcionarios que tengan más de un 10% de participación accionaria en empresas, no pueden ser proveedores del Estado, aunque si tienen menos de estas acciones pueden proveer, excepto en las entidades en las que son servidores públicos.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, reveló que la DGCP el viernes pasado terminaba el cruce de bases de datos para los funcionarios del Poder Ejecutivo, la cual tiene hallazgos que concluirán con la suspensión del registro de proveedores.
Indicó que la incompatibilidad legal se activa cuando el funcionario tiene más del 10% de participación accionaria en una empresa. Además, manifestó que se hará un cruce de base de datos del Congreso Nacional para establecer las incompatibilidades.
“Todavía no tenemos una disposición que nos indique que, por pertenecer a un consejo, se inhabilita para ser proveedor del Estado, yo quisiera que fuera así, entiendo que debe ser así, pero hasta ahora nuestra ley no lo establece”, agregó.
Pimentel advirtió que no le temblará el pulso para suspender registros de proveedores por incompatibilidades, como lo ha hecho hasta ahora DGCP con 120 casos. Asimismo, recordó que 119 alcaldes y regidores que estaban en el registro de proveedores del Estado fueron suspendidos.
El director de la DGCP afirmó que ha establecido un mecanismo de detección de incompatibilidades contempladas en el artículo 14 de la Ley de Compra y Contrataciones Públicas.
Advirtió que los funcionarios electos no pueden contratar con el Estado, ni ser oferentes, por lo que ha desarrollado un mecanismo de identificación de estos y ha procedido a la suspensión de los registros de proveedores.
Pimentel afirmó que no habrá silencio administrativo en los procedimientos porque todos tendrán decisiones, sin importar de quién se trate, porque la administración pública siempre tiene que expresarse.
“Eso va a ser continuo, permanente, eso no va a terminar, es una tarea que va a ser sistemática, continua y que es la primera vez que se hace en el país de manera proactiva y con esa identificación”, subrayó.
El director de la DGCP, Carlos Pimentel, reveló que, en el caso del Teatro Agua y Luz, se canceló la licitación porque se pretendió hacer una concesión hasta el 2044, con camuflaje de alquiler.
El funcionario aseguró que igual sucedió con el Hotel Nueva Suiza, en Constanza, utilizando una modalidad de alquiler, pero el procedimiento seguido se trató de una concesión.
“Entre otros casos que ahora no memorizo, llevamos como 110 decisiones que están ahí en el portal, de tipo administrativo, de inhabilitación, medidas cautelares, algunas no tienen objeto porque hay casos de esos que estaban ahí desde el 2015”, adujo.
Declaró que el 32% del Presupuesto General del Estado está destinado para la contratación de bienes, servicios y obras, las cuales deben servir para el desarrollo.
Citó entre instituciones que han sido parte del clientelismo político institucionalizado como el Plan Social de la Presidencia, los Comedores Económicos, y alertó que no es un secreto para nadie que cuáles son las áreas críticas del Estado donde han existido riesgos, denuncias sobre presunta corrupción y violación de los procedimientos para las contrataciones.
Pimentel afirmó que desde que se aprobó el 4% del PIB, el Ministerio de Educación nunca ha sido auditado, a pesar de que los fondos destinados a ese sistema en una gran proporción fueron utilizados para la construcción de obras.
El funcionario citó también el sector Salud, como el Ministerio y PROMESE, los cuales administraron cuantiosos recursos para la contratación de bienes y servicios.
“Pero también los vinculados a áreas de construcciones de obras físicas, no solamente OISOE, el Ministerio de Obras Públicas, el INVI, INAPA o la CAASD, construyen, hacen contratos y licitaciones, hay sorteos de obras, hay que mantener la vigilancia de lo que sucedió y a lo que pueda suceder”, enfatizó.
Aseguró que su rol no distingue tiempo ni personas, sino criterios.
“Vamos a volver a la Procuraduría tantas veces como sea necesario, en la medida que nuestro trabajo nos indique que los casos que llevamos, los casos que nos apoderamos, los casos que investigamos que estén rodeado de violaciones que van más allá de aspectos administrativos”, agregó.
Sostuvo que los casos de los RD$11,500 millones sobre AC30, asfalto caliente, Plan Social de la Presidencia, Inaipi uno y dos tienen características que no se hable de simple violación de un proceso de contratación, sino de expedientes que tiene una violación.
Comentó que tiene por delante un desafío importante, ha asumido sus funciones con toda la entereza y determinación, en los casi primeros 100 días de gobierno.
“Hemos emitido unas 115 decisiones, resoluciones de distintas índoles, de impugnaciones, de reclamaciones, de medidas cautelares, hemos tenido que llevar cuatro casos a la Procuraduría General de la República, con indicios contundentes y precisos”, agregó.
Pimentel consideró que esos casos debieron ir a la Procuraduría porque están al borde de la investigación penal, lo cual hará Contrataciones Públicas con los casos que tengan esas características.
Fuente Hoy Digital
]]>En cumplimiento al artículo 14 de la Ley 340-06 que prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio el Registro de Proveedor del Estado (RPE) de un grupo de 113 alcaldes y regidores y 2 jueces.
En esta primera sesión, también se suspendieron otros cuatro registros, a solicitud de igual número de funcionarios, tal y como requirió el órgano rector el pasado 1 de septiembre que, a través de un comunicado de prensa, advirtió a los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, que no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
El Director General de la DGCP, Carlos Pimentel, explicó que la institución continúa trabajando para identificar a todos los funcionarios que entran en el régimen de prohibiciones para la contratación en la Administración Pública, bajo el amparo de la ley 340-06 para proceder a suspender sus registros de proveedores.
“Como órgano rector y en aras de contribuir a la transparencia e igualdad de oportunidades y evitar conflictos de interés, continuaremos identificando a todos los funcionarios que entran en el régimen de incompatibilidades para proceder a suspender sus registros”, destacó Pimentel.
En correspondencia con este mandato de la Ley, tanto el Director General de la DGCP, como las subdirectoras Crystal Fiallo y Ruth Henríquez, solicitaron la inhabilitación de su RPE, acción que ya fue ejecutada por la institución.